Por qué reclamar la Plusvalía Municipal

Una contradicción legal que beneficia al contribuyente.

Lo primero que necesita conocer es la definición del Impuesto en cuestión:

De acuerdo a la normativa que regula el impuesto y la ordenanza fiscal de los Ayuntamientos, reguladora del Impuesto Sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, éste impuesto es un tributo directo que grava el incremento de valor que experimentan los terrenos y se pone de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos.

Constituye por tanto el hecho imponible determinante de la obligación tributaria en este Impuesto el incremento de valor que se produce en el patrimonio del sujeto pasivo como consecuencia de la transmisión de la propiedad.

La Ordenanza Municipal se atiene a las fórmulas de cálculo contenidas en la Normativa, que parten del axioma del continuado incremento de valor de los terrenos, lo que implica que se produce una ficción legal que permite gravar supuestos de inexistencia de incremento patrimonial.

La Ley de Haciendas Locales (LHL) dispone que:

  1. La base imponible de la Plusvalía Municipal está constituida por el incremento del valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de 20 años.
  2. Según la misma LHL, el incremento de valor que experimenten los terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos por cualquier título o por la constitución o transmisión de cualquiera de los derechos reales que cita la norma.

Por tanto, el incremento de valor experimentado por los terrenos de naturaleza urbana constituye el primer elemento del hecho imponible, de manera que, en el caso de que no exista tal incremento, NO se genera el tributo.

Al faltar un elemento esencial, el hecho imponible, NO se puede surgir la obligación tributaria. En conclusión, la ausencia objetiva de incremento del valor da lugar a la no sujeción al impuesto, pues la contradicción legal no puede ni debe resolverse a favor del «método de cálculo» y en detrimento de la realidad económica, pues ello supondría desconocer los principios de equidad, justicia y capacidad económica, vulnerando un principio básico de la Constitución que establece que nuestra capacidad económica sea la medida de nuestra contribución al sostenimiento de los gastos públicos. Se configura así el principio de capacidad económica como fundamental e informador del resto de principios del sistema tributario.

La consecuencia no puede ser otra que las siguiente:

Cuando se acredite y pruebe, que en un supuesto concreto no ha existido, en términos económicos y reales, incremento alguno, NO tendrá lugar el presupuesto de hecho fijado por la ley para configurar el tributo, y éste no podrá exigirse, por más que la aplicación de las reglas siempre produzca la existencia de teóricos incrementos

Algunas Resoluciones Judiciales:

  • SJCA BCN 22/01/13, con base en la doctrina establecida en las SSTSJ de Cataluña de 21 de marzo de 2012, asumida por la STSJ de Madrid de 11 de diciembre de 2013).
  • Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo Nº 13 de Barcelona, de 22/1/2013; Res. TEAR Navarra de 24/4/2013; o STSJ Catalunya de 22/3/2012
    Como ha afirmado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña «la contradicción legal no puede ni debe resolverse a favor del método de cálculo y en detrimento de la realidad económica, pues ello supondrá desconocer los principios de equidad, justicia y capacidad económica» STSJ Cataluña 22/3/2012.
  • TSJ de Cataluña de 18 de julio de 2013, de 21 de marzo y 9 de mayo de 2012, Tribunal Administrativo de Navarra de 9 de agosto de 2011, etc.). Dichos tribunales consideran, además, que exigir el pago de la plusvalía municipal en estos supuestos (transmisión con pérdida) sería una vulneración del principio de capacidad económica consagrado en el artículo 31 de la Constitución Española.
  • TSJ Cataluña y Madrid, en sus Ss. de 24 de abril y 21 de abril de 2014, respectivamente, que concluyen que cuando se acredite y pruebe en el caso concreto que no ha existido incremento de ningún tipo, la plusvalía municipal no podrá exigirse.